El Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), vigente desde 1995. La reforma busca adaptar la normativa a los nuevos retos del mercado laboral y reforzar la protección de la salud de las personas trabajadoras.
El pacto, que coincide con el treinta aniversario de la ley, es fruto de más de 20 meses de diálogo social. Su objetivo principal es poner el foco en la salud mental, los riesgos psicosociales, el teletrabajo, la digitalización y el cambio climático, ámbitos que hasta ahora no contaban con un desarrollo específico suficiente en la legislación preventiva española.
Entre las medidas anunciadas se incluyen nuevos desarrollos reglamentarios, mayor representación legal de los trabajadores, refuerzo de la formación preventiva y reconocimiento de riesgos emergentes como el ciberacoso o la violencia digital, con especial atención a pymes y sectores con mayor siniestralidad.
No obstante, el debate sobre la aplicación práctica de la normativa sigue abierto. Reglamentos como el Real Decreto 374/2001 sobre agentes químicos, pendientes de actualización efectiva, evidencian que parte del marco preventivo continúa siendo más teórico que operativo, lo que refuerza la necesidad de una revisión integral y técnicamente aplicable del sistema de prevención.